Erradicación y Expropiación por autopistas

Cuando se va a erradicar comunidades y/o expropiar para construir un proyecto, como una autopista por ejemplo, hay dos leyes que entran en juego:

El rol de la Ley de Expropiaciones es conocido: resguarda el derecho a propiedad buscando que a los dueños afectados se les pague un precio justo.
El rol de la Ley del Medioambiente es menos famoso. Esta ley no solo habla de cuestiones ecológicas, sino también de otro tipo de efectos sobre lo que se denomina "el medio socio-económico". En particular, la ley resguarda respecto del reasentamiento de comunidades. Las mitigaciones ambientales en este aspecto pretenden abordar los costos humanos de desarmar redes sociales de vecinos y amigos, y de afectar el arraigo y apego de la gente a sus barrios y territorios. Es por ello que cuando se erradican personas, las Resoluciones Ambientales (que aprueban los proyectos) contemplan mitigaciones de algún tipo para esas personas, típicamente en dinero.

En la práctica, una persona que por ejemplo vive en un barrio como arrendataria o allegada (es decir, sin ser propietaria), y debe ser expulsada producto de un proyecto, recibe algún tipo de compensación. Ese es un gran avance que la Ley Medioambiental logró, pues ese tipo de casos era ignorado previamente.

expropiacion.jpg

Por otra parte, una persona que es dueña de un casa y que será expropiada, pero no vive allí, recibirá el pago de la expropiación, pero no una mitigación ambiental. Claro, porque la persona no está siendo forzada a irse del lugar donde vive.

¿Y qué pasa con alguien que vive en su propia casa y que será expulsada por un proyecto? Evidentemente debe recibir ambas cosas: el pago expropiatorio por su propiedad, y la compensación por impacto ambiental.

Ese último caso es el interesante, porque es ahí donde el MOP ha cometido ilegalidades al construir sus autopistas. Ha obligado a esos propietarios-residentes a elegir: o reciben el pago expropiatorio, o reciben la compensación por impacto ambiental. Dicho de otra forma, el MOP obliga a las personas a renunciar a un derecho para obtener el otro.

Esta ilegalidad está plasmada en la Resolución Ambiental de la autopista Costanera Norte, por ejemplo, que en la sección referente a mitigaciones sobre el medio socio-económico dice que el MOP deberá "Construir y/o financiar viviendas equivalentes mejoradas, en los mismos barrios o sectores donde se generen las expropiaciones, a las cuales sólo podrán optar los propietarios que habiten los predios expropiados y que prefirieran esta alternativa a la de recibir el pago en dinero de la indemnización por el inmueble expropiado."

Es decir, se ofrece como compensación una vivienda equivalente mejorada en el mismo barrio, pero siempre que el propietario-residente prefiera eso a recibir su pago por expropiación… Ilegal a todas luces. Si ese propietario-residente decide cobrar su pago expropiatorio, a lo cual sin duda tiene derecho, se queda sin ninguna compensación ambiental, a lo cual también tiene derecho, pero se le niega.

El mismo mecanismo fue ocupado, por ejemplo, en la Resolución Ambiental de la autopista Acceso Sur.

CONAMA, dócil y flexible, fue cómplice de estas ilegalidades al incorporar estos mecanismos en sus Resoluciones Ambientales, recogiendo proposiciones del MOP que pretendían ahorrarse dinero a costa de los ciudadanos afectados.

Si no se indica lo contrario, el contenido de esta página se ofrece bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License