Finanzas Públicas: ¿Quién decide los proyectos que se hacen?
La manera en que el gobierno decide en qué se gasta nuestro dinero es tristemente despótica y poco transparente.

Como es sabido, el presupuesto del gobierno lo decide año a año el Congreso (más o menos en noviembre), y toma la forma de una ley, la "Ley de Presupuesto". Allí el Congreso decide cuánto se debe gastar en salud, educación, fuerzas armadas, etc. Sin embargo, lo que establece el Congreso son solo unas bolsas de dinero muy gruesas. El Congreso no define en qué proyectos debe gastarse el dinero, solo cuánto dinero tendrá cada organismo. Descarga la Ley de Presupuestos 2013 y anda por ejemplo a las páginas 425 y 426. Esas dos páginas definen el presupuesto de la Coordinación General de Concesiones del MOP. Como podrás ver, para dicho año se asignó a ese organismo $445 mil millones de pesos, o si se quiere, 890 millones de dólares (asumiendo un tipo de cambio a $500). Pero podrás constatar también que no hay ninguna indicación en la ley respecto de en qué se los debe gastar. Esa decisión, clave, queda en el ministro.

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¿Y cómo decide un ministro en qué gastarse esos montones de dinero? Fácil: Se junta con el presidente, con sus asesores, con sus técnicos, con políticos cercanos (y otros no cercanos pero que insisten en querer meter la cuchara), con algunos empresarios bien conectados, debaten y de ahí sale la decisión. No quedan actas, no es posible saber qué opciones barajaron, no sabemos qué antecedentes miraron y cuáles ignoraron. La decisión, ya cocinada, nos llega a nosotros por la prensa (con suerte) y muchas veces ni eso.

Para cada proyecto que salió de esas mentes creativas, hay solo un paso adicional que el ministro debe cumplir antes de poder ejecutar: debe demostrar que su proyecto no es una lesera, presentando una evaluación social al Ministerio de Desarrollo Social. Dicha evaluación pretende ver si los beneficios del proyecto son mayores a sus costos. (aprende más sobre evaluaciones sociales aquí) Obtenido el visto bueno a la evaluación social, el resto es ejecutar. Y eso es todo.

Los tres problemas evidentes de este sistema son:

  • Cero transparencia. Los proyectos que el ministro empuja surgen de la oscuridad; de reuniones a puertas cerradas cuyos participantes y contenidos nunca se conocen.
  • La ciudadanía no participa en lo absoluto. El ministro impulsa los proyectos que le interesan, sean o no de nuestro gusto. Algunos ministerios tratan de hacerse los democráticos llamando a las personas a dar su opinión sobre ciertos proyectos que el ministro está impulsando, "para mejorarlos", pero nunca se da la opción de rechazarlos, y menos aun se consulta sobre los proyectos que la gente quiere. Es algo así como que la mamá diga que hoy vamos a comer huevos: puedes opinar si son fritos o a la copa, pero huevos serán, y la mamá decidirá igual al final cómo serán!
  • Permite sesgos tremendos. Como el ministro no tiene obligación de buscar los mejores proyectos o los que más quiera la ciudadanía, entonces puede impulsar solo los que sean de su interés. Un ejemplo es muy esclarecedor a este respecto: El MOP detesta el transporte público, y por tanto es rarísimo que impulse proyectos de ese tipo. Le da igual que la mayoría de los santiaguinos se muevan en transporte público, lo que prefiere impulsar son proyectos para los automóviles. Y lo puede hacer gracias al despotismo que le permite este sistema de asignación de recursos.
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