Sistema de Evaluación Ambiental

En nuestro país el Sistema de Evaluación Ambiental es controlado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), supuestamente autónomo, pero en realidad dependiente del Ministerio del Medioambiente (MMA).

Hay dos maneras en que los proyectos pueden entrar al sistema: con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El primero es el análisis profundo y que incluye una etapa de participación ciudadana. La DIA por su parte es un trámite más superficial. En teoría un EIA está pensado para para proyectos grandes y potencialmente peligrosos, y la DIA para instalaciones menores. En la práctica los grandes proyectos buscan cualquier excusa para no hacer EIA y pasar con DIA. No es raro que les resulte gracias a la vista gorda de las autoridades, que pueden decidir con bastante arbitrio la cuestión.

Es el impulsor del proyecto (el "titular del proyecto" como se le denomina en la jerga) quien confecciona el EIA o DIA y lo presenta al sistema. El documento, si está bien hecho, identifica los impactos que causa el proyecto y la manera en que serán mitigados o compensados. En principio el titular tiene amplia libertad de hacer el EIA con los criterios que le parezca, pero el SEA ha desarrollado Guías Metodológicas que lo orientan, y en general los titulares prefieren seguirlas para ahorrarse problemas. Sin embargo, las guías no están disponibles para todas las materias. Hasta el día de hoy, cumplido un cuarto de siglo de existencia del sistema, todavía no existe una Guía para proyectos de transporte.

Nótese que el titular del proyecto puede ser una empresa o una institución pública.

El SEA toma el documento EIA o DIA producido por el titular y revisa que esté incluido todo lo que debe incluir, y que no existan errores técnicos groseros; si así fuera, el SEA genera "observaciones". El SEA además entrega el documento a otros organismos públicos pertinentes técnicamente para que opinen (llamados los "servicios del Estado"). En el caso de un proyecto de transporte por ejemplo, al Ministerio de Transporte. Estos organismos públicos técnicos en teoría deben revisar cuestiones técnicas más propias de su ámbito y si corresponde, generar también "observaciones". Por último, el SEA también le entrega el documento a las municipalidades donde se emplaza el proyecto para que hagan sus observaciones también.

Cuando se trata de un EIA, hay participación ciudadana, lo que significa algo muy preciso: el documento se pone a disposición de todo Chile para que cualquier persona, empresa o institución en cualquier parte del país, haga observaciones. No se necesita ser una persona afectada por proyecto para hacer observaciones.

Todas las "observaciones" descritas arriba son concentradas por el SEA en un documento que se llama ICSARA, el cual se envía al titular del proyecto para que corrija o se defienda argumentando. El documento que él produce con eso lo entrega al SEA y se llama "Adenda".

Tras revisar la Adenda, una nueva ronda de observaciones podría surgir, dando origen a una nueva ICSARA y nueva Adenda. Y en teoría este proceso podría seguir repetidas veces, aunque la costumbre es que no pase de una segunda Adenda. Nótese que todos los actores antes mencionados participan de este ping-pong, excepto la ciudadanía: ella solo está autorizada a opinar una sola vez.

El SEA finalmente pide a los actores (los órganos públicos técnicos y las municipalidades) que expresen su recomendación de aprobación o rechazo final al proyecto. Típicamente algunos aprueban y otros no. Algunos usualmente dicen que solo se apruebe condicionado a alguna cosa.

El SEA entonces presenta estos antecedentes a quien corta el queque: el Comité de Evaluación Ambiental, presidido por el Intendente y conformado además por los SEREMIs (representantes) de varios ministerios. Es usual que el Intendente lleve la voz cantante y en la práctica se puede asumir que es él quien tiene la decisión final. Como por ley el Intendente es el representante del Presidente de la República en la región, es muy común que para los grandes y polémicos proyectos su decisión más bien sea dictada directamente desde La Moneda.

Normalmente es posible asistir como público a las sesiones del Comité, cosa que uno debería hacer cuando se resuelven proyectos de tu interés. Las fechas de las sesiones y las tablas de temas a tratar son anunciadas oportunamente por el SEA en la página de inicio de su web. Para asistir típicamente es necesario llamar a la Intendencia antes.

La decisión del Comité se plasma en un documento llamado Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que contiene, cuando se aprueba el proyecto, todo lo que deberá hacer para mitigar y compensar sus impactos.

Una vez aprobado el proyecto (y casi siempre es aprobado, como se ve abajo) y con RCA publicada, el SEA y el Intendente se desentienden, pues aparece un actor nuevo, la Superintendencia del Medioambiente (SMA) (también supuestamente autónoma pero dependiente en realidad del Miinisterio del Medioambiente), quien debe vigilar que se cumpla la Resolución.

El SEA para cada proyecto tiene un expediente en su web que permite hacer el seguimiento de este proceso, o revisar casos ya pasados. Aquí hay un ejemplo de un proceso ya terminado para una línea de alta tensión en Cerro Navia de la empresa TRANSELEC.


En los hechos el sistema está pensado para no rechazar proyectos sino solo ponerle mitigaciones y compensaciones. Así lo demuestra el historial de aprobaciones y rechazos de proyectos, cuya base de datos se puede descargar del sitio web del SEA y que resumimos en el siguiente gráfico.

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Históricamente, solo el 6% de los proyectos ha sido rechazado. Así que no te hagas ninguna idea de que el sistema rechazará un proyecto que no te gusta. Y de ahí que resulta ser de lo más lógico que las personas, si de verdad quieren evitar un proyecto, deban movilizarse en las calles u otra forma; el sistema ambiental es una pelea perdida, demostrado estadísticamente, por lo que sería irracional pretender ganar la batalla ahí. Y de ahí puedes concluir muy fácilmente por qué los llamados de la autoridad (y los impulsores del proyecto) a usar los "conductos y procedimientos formales" en vez de patalear en la calle, sean tan vacíos.


Problemas usuales del sistema:

  • Los titulares tratan de evitar un EIA para irse por el DIA más fácil, y les resulta cuando la autoridad del SEA es blanda, pues hay mucha libertad en ello. Revisa el historial al respecto de las autopistas del MOP.
  • En el proceso de participación ciudadana, los ciudadanos hacen comentarios generales sobre el proyecto, pero no observaciones al documento EIA, que es lo que se requiere para mejorarlo.
  • Los ciudadanos quieren que el sistema les resuelva el problema de las expropiaciones, lo que no cabe porque eso se aborda en otra ley, no la ley del medioambiente.
  • El EIA es tan técnico que resulta incomprensible para el ciudadano común.
  • Las municipalidades no tienen profesionales capaces de revisar técnicamente los EIA que les llegan, por lo que hacen observaciones débiles.
  • Los titulares no corrigen todo lo que les piden en las Adenda.
  • Los titulares minimizan la importancia de los observaciones ciudadanas.
  • Sin Guías Metodológicas, lo que los análisis deciden incluir o excluir es debatible, lo que permite a los titulares mañosamente ocultar impactos. En el caso de las autopistas subterráneas por ejemplo, no hay ninguna definición de cómo abordar la emanación de los gases hacia las áreas peatonales (las llamadas "ventilaciones"). Si la cuestión se estima o no, o cómo, o cuánto se considere dañino o no, queda a merced del debate, y de lo exigente que quiera o no ser el jefe de turno del SEA.

El sistema es regido por el Reglamento de la Ley del Medioambiente.

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